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Juzgado de Panguipulli formalizó a uno de los imputados involucrados en el llamado “caso pollos” tras denuncia realizada por la Municipalidad de Panguipulli

por | Ene 28, 2020

Juzgado de Panguipulli formalizó a uno de los imputados involucrados en el llamado “caso pollos” tras denuncia realizada por la Municipalidad de Panguipulli

Este martes, se realizó la audiencia de formalización del llamado «caso pollos» en el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, proceso que inició con una denuncia realizada por la Municipalidad de Panguipulli al detectar irregularidades en el proceso de compra y posterior distribución de aves de corral por parte de un funcionario y ex funcionaria del programa PDTI – Prodesal de Coñaripe – Traitraico.

La Municipalidad de Panguipulli durante el proceso también ofició al Consejo de Defensa del Estado, ente público que hoy acudió a la audiencia y que hace algunos meses presentó una querella por el delito de fraude al Fisco.

Helmuth Milling, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Panguipulli manifestó que, en la audiencia se formalizó a uno de los tres imputados por el delito de fraude al Fisco, “se dispondrá de un plazo de investigación por 90 días. Uno de los imputados, en este caso el proveedor involucrado no acudió a la audiencia por motivos de fuerza mayor, por lo cual su abogado solicito que se agende una nueva audiencia para ser formalizado, ante lo cual el tribunal accedió quedando fijada para el 17 de marzo 2020”.

Milling precisó que una de las imputadas (ex funcionaria) al no haber sido notificada en conformidad a la ley, se solicitó sea nuevamente notificada, “esto para que comparezca ante el tribunal para ser comunicada de manera oficial de la investigación que se sigue en su contra”.

Durante la audiencia de formalización se decretaron medidas cautelares para que el imputado de iniciales C.C.P no pueda salir del país durante el plazo que dure la investigación y quien aún se mantiene en sus funciones.

La figura penal de fraude al Fisco, se sanciona en el artículo 239 del Código Penal, que señala:

“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraude o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio o máximo”.

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